El compromiso del PNRT fue en primer lugar transformar en trabajo digno aquel que no lo era y para ello, se entendió que como Estado Nacional se debía recuperar a la inspección laboral como herramienta clave de este proceso.
Se ha incrementado el número de inspectores a 400 en todo el país a través de nuestras 38 delegaciones regionales, lugar desde donde se realizan tareas de inteligencia previa para luego realizar los operativos de control indicados. Ello se tradujo en recuperar presencia y consolidar una credibilidad de todos los actores sociales para el trabajo en conjunto.
A ello hay que sumarle la intervención específica de la ANSES y de la SUPERTINTENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO. Todo este accionar fue cimentado con la coparticipación y colaboración con el CONSEJO FEDERAL DEL TRABAJO y particularmente con los distintos gobiernos provinciales.
Gracias a la inspección los trabajadores no registrados recuperan sus derechos, acceden a una cobertura social: obra social, jubilación, condiciones de salud y seguridad laboral, jornada de trabajo que no exceda los límites legales y el cumplimiento de las normas emanadas de los convenios colectivos de trabajo y obteniendo las distintas coberturas legales frente a situaciones no queridas. La inspección es uno de los motores de la inclusión social y se manifiesta a través de la presencia del Estado en el ejercicio de sus facultades o deberes constitucionales trabajando para una distribución más justa y equitativa para todos.