Un derecho ciudadano que restituye derechos de niños, niñas y adolescentes contribuirá a la prevención y erradicación del trabajo infantil.

A través del Decreto 1602 del 29 de octubre de 2009 el Poder Ejecutivo Nacional tomó la decisión de extender la asignación por hijo establecida dentro del régimen de Asignaciones Familiares. La extensión de este derecho a los trabajadores informales y a los desocupados, constituye una medida que adquiere alcance universal.

La formulación de esta política pública, que avanza en la restitución de derechos propios de la infancia, se propone como una “respuesta reparadora a una población que ha sido castigada por políticas económicas de corte neoliberal”.

La complejidad del problema de la pobreza; asociada en nuestro país a situaciones de desocupación, informalidad, precariedad y trabajo infantil, no podrá enfrentarse con una única herramienta, por profunda que sea.
Así, en este Decreto se establece que “la mejor política social de promoción y articulación del tejido social es el trabajo y que, sumado a la educación, la salud, la modernización o creación de infraestructura, servicios básicos y viviendas, permitirá mejorar las condiciones de vida y avanzar sobre el núcleo más duro de la pobreza, consolidando progresivamente un desarrollo humano integral, sostenible e incluyente. Ese es el horizonte en el cual se inscribe esta medida.

La norma da cumplimiento a la Ley N° 26.601 que tiene por objeto la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; entre los que se encuentran el derecho a la salud, a la educación y a los beneficios de la seguridad social. Al mismo tiempo dispone que los organismos del Estado deban establecer políticas y programas para la inclusión de la infancia.

El Decreto establece un ingreso mensual que estará destinado a cada hijo menor de 18 años de familias desocupadas o que trabajan en la economía informal y se otorgará sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado. Consiste en una suma fija de 180 pesos que será cobrado por uno de los padres si se cumplen dos requisitos. En el caso de los menores de cinco años, los padres tendrán que presentar los certificados de vacunación y control sanitario obligatorio; para los que superen esa edad, el progenitor deberá mostrar documentación que acredite que su hijo está cursando el ciclo lectivo correspondiente.

La implementación de la asignación universal por hijo aprovechará la red de oficinas que la Anses tiene a lo largo del país y será financiada con fondos de este organismo por un total de 10.800 millones de pesos.

Se encuentra previsto que los destinatarios comiencen a recibir mensualmente el 80 por ciento del subsidio de 180 pesos –144 pesos– mientras que el 20 por ciento restante –36 pesos– se depositará todos los meses en una cuenta personal del Banco Nación. Se otorgará una tarjeta magnética para retirar la suma acumulada en marzo del año siguiente: para hacerlo, se deberá demostrar que cada niño cumplió con el calendario de vacunación –en el caso de los menores de cinco años– o que terminó el año lectivo de manera regular.

El establecimiento de la Asignación Universal por hijo para Protección Social complementa las políticas previsionales y de promoción y sostenimiento del empleo implementadas en los últimos años y al mismo tiempo interpreta la demanda que distintos sectores sociales y políticos plantearon para avanzar en la mitigación de la pobreza.