La decisión de volver a publicar la Revista de Trabajo se orienta a poner los temas del empleo, el trabajo y las relaciones laborales nuevamente en el debate público. Decimos nuevamente porque estas temáticas ya fueron tratadas en ella desde el punto de vista del paradigma sociolaboral que regía en la primera etapa de su publicación, a mediados de los 90, cuando la desprotección del trabajo y el tipo de vínculo precario entre trabajadores y empleadores constituyeron, respecto del empleo, el rasgo característico en la Argentina y en nuestra región.

Fue aquél un período en el cual las políticas macroeconómicas se definían flexibilizando y ajustando lo laboral para que ese campo resultase funcional al libre juego del mercado. Fue una década en la cual, simultáneamente a esos ajustes, la gran mayoría de la población veía disminuida día a día su capacidad de apropiarse de la riqueza que se generaba. Fue una época, finalmente, en la que la baja de los costos laborales no se tradujo –como lo prometía la gestión económica– en aumentos del empleo.

La pobreza, el desempleo, la precariedad y la informalidad laboral se generalizaron y alcanzaron a millones de personas. La historia vivida durante esos años golpeó fuertemente a la sociedad en su conjunto. Produjo un impacto de tal magnitud que estamos en presencia de cambios fundamentales en la configuración de los actores del mundo del trabajo, actualmente debilitados y con una agenda poco clara respecto de su papel social.

También estamos en presencia de la búsqueda de cambios esenciales en el rol del Estado. El Estado necesita hoy recuperar su rol institucional y reconstruir su identidad, ya no desde un papel interventor y regulador como lo hizo en las etapas de producción sustitutiva y de mercados cerrados. Tampoco desde la ambigüedad de un Estado dotado de una naturaleza prescindente y provista, al mismo tiempo, de parcialidad, tal como caracterizó a la gestión imperante en los 90. Se trata, desde esta perspectiva, de comenzar a recorrer una etapa fundacional de un nuevo rol que será, posiblemente, inaugural de nuevas relaciones laborales. A la búsqueda de una redefinición institucional se suman, además, imperativos para dar respuestas a los cambios. Respuestas, por un lado, al cambio de paradigma en el mundo de las relaciones del trabajo y a las exigencias de transformaciones tecnológicas, organizativas y de los modelos productivos. Por otro lado, respuestas al auge sin precedentes de las tecnologías de la información y la comunicación que paulatinamente nos trasforman en sociedades basadas en el conocimiento.

¿Cómo articular, entonces, las sociedades del trabajo con las del conocimiento?

Pretendemos nutrirnos de aquello que transcurre en el ámbito internacional en el marco de los debates intelectuales. Aspiramos a conocer los aportes concretos que realizan los organismos multilaterales en sus intentos por redefinir sus agendas de actuación pública incorporando –en el centro de sus políticas– las necesidades y aspiraciones de la gente.

Creemos que esto significa, sin dudas, una contribución a la recuperación de la ética y la equidad. Contribución fundamental porque es en el contexto de los valores donde surge la certeza de que el trabajo –no cualquier trabajo sino el trabajo decente– representa un puente sólido que es necesario establecer entre la justicia social y el mercado, que debería hacer posible un desarrollo económico inclusivo para todos. De allí la importancia de abogar por un modelo de desarrollo centrado en el empleo de calidad puesto que sin trabajo –o con la mayoría de los trabajadores privados de empleo decente– no habrá posibilidades de establecer relaciones laborales modernas ni será factible reducir las brechas de equidad y de ingresos. Para este gobierno, el empleo está en el centro de las políticas públicas.

Esto implica no sólo el ejercicio de un rol activo por parte del Estado en el mercado de trabajo, sino la articulación y la integración de políticas económicas y sociales destinadas a conformar un círculo virtuoso (empleo- consumo-inversión y producción-empleo) capaz de lograr la derrota de la pobreza extrema y el comienzo de la recuperación. Con este propósito, el gobierno del presidente Néstor Kirchner en estos dos años de gestión estableció políticas centradas en el trabajo decente como factor clave de integración social y de dignidad de las personas. Con esta orientación, se realizaron acciones concretas vinculadas con la política de ingresos, con la formación de trabajadores ocupados y desocupados, con el fortalecimiento institucional.

Entre ellas, los incrementos del salario mínimo, vital y móvil, el aumento de las asignaciones familiares y de las jubilaciones y pensiones, la promoción de la negociación colectiva, el combate al trabajo no registrado, el establecimiento de acuerdos sectoriales y territoriales para capacitación, formación profesional, terminalidad educativa, orientación laboral y apoyo a la búsqueda de empleo, el reordenamiento de la temática laboral a través de la sanción de la ley 25.877 en marzo de 2004, con el objetivo de mejorar la protección de los trabajadores.

Estas medidas impactaron en el marcado descenso en los niveles de desocupación (de 20,7% a 12%), en el aumento sostenido en la tasa de empleo, en la recuperación de la generación de empleo de mejor calidad (registrado), en el aumento de la capacidad adquisitiva de sectores postergados, en la mejora de las condiciones de empleabilidad de trabajadores desocupados y ocupados, y de beneficiarios de planes sociales.

La aplicación de estas políticas hizo necesario el establecimiento de articulaciones eficientes entre distintas áreas del Estado. Pero aún se necesitan mayores correlatos institucionales. Esto implica no sólo el fortalecimiento de un diálogo profundo y fructífero entre actores y organismos de gobierno sino también promover y consolidar el diálogo entre el Estado y la sociedad. También cabe a las organizaciones sociales, particularmente al sector empresarial y al trabajador, producir alianzas estratégicas orientadas a un desarrollo económico integral, generador de inclusión social.

El desafío es ambicioso: concebir y aplicar una economía competitiva, de innovación no sólo tecnológica sino también social, capaz de incrementar la productividad de sus agentes económicos, de asumirse como participante de un desarrollo integral e inclusivo y de mejorar las condiciones de vida de los pueblos. En esta línea de política se sustentó la propuesta del gobierno argentino –apoyada por países vecinos– que dio lugar al lema que hoy sostiene la IV Cumbre de las Américas: “Crear trabajo para erradicar la pobreza y garantizar la gobernabilidad democrática”. Acorde con la línea expuesta, el primer número de la Revista del Trabajo en esta segunda etapa está dedicado al empleo en el debate de las Américas.

Se trata de una centralidad temática que se explica por la importancia que este debate reviste, por la necesidad de que trascienda las fronteras nacionales y porque su tratamiento resulta perentorio debido a la situación de la región. En efecto, según la CEPAL, América Latina se encuentra entre los ámbitos más inequitativos del mundo: el 40% de la población percibe menos del 14% de los ingresos, mientras el 10% más rico de los habitantes capta el 36% de aquéllos.

Sólo la generación de empleo decente –a través del fortalecimiento del vínculo entre crecimiento económico y empleo formal en el marco de estrategias comerciales orientadas a metas de desarrollo agrícolas e industriales– podría comenzar a paliar la fuerte inequidad regional. La creación de empleo, en este número de la Revista de Trabajo, es analizada no sólo desde una perspectiva multidisciplinaria.

Incluye, además, dimensiones vinculadas con aspectos sociales de la globalización, con procesos de integración regional y con componentes de políticas económicas. La condición de género, la formación laboral –particularmente la de los sectores más desfavorecidos del mercado de trabajo–, la relación entre empleo y protección social, y la temática de la responsabilidad social empresaria, son cuestiones tratadas en esta publicación.

Este número presenta, además, tres importantes documentos suscriptos por ministros de Trabajo de América Latina: la Declaración de Buenos Aires de los Ministros de Trabajo del Mercosur (abril de 2004) y la Declaración de Tegucigalpa de los ministros de Trabajo de América Central. La reciente Declaración de la XIV reunión de los ministros de Trabajo reunidos en septiembre de 2005 en ciudad de México y su plan de acción cierra el grupo de documentos.

Ambos documentos evidencian la preocupación regional por alcanzar un desarrollo con equidad, por la generación de empleos de calidad y por la necesidad de promover la inversión, la innovación y el desarrollo de redes productivas como forma de integración de las pequeñas empresas en la economía formal y competitiva. Esperamos que esta nueva etapa de la Revista de Trabajo se constituya en un hito en la historia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de las buenas prácticas, así como en un verdadero aporte a la comunidad.